Artículo 16-05

 
El intenso debate nacional sobre leyes de inmigración y la posible Reforma a la Ley de Inmigración es importante y necesario.  La Reforma Amplia de Inmigración con un proceso para que los inmigrantes indocumentados ganen la ciudadanía de EE.UU. tiene muchos simpatizantes y oponentes.  Aun los que apoyamos la Reforma Amplia de Inmigración entendemos que las personas tienen derecho a oponerse a las reformas y a trabajar para derrotarlas.

 
Sin embargo, algunas acciones son consideradas incorrectas en todo el mundo.  Toda persona decente estará de acuerdo que maltratar, abusar o ser negligente con las personas en custodia o negarles atención médica necesaria es incorrecto y debería ser castigado.  En este país se dice que “NADIE ESTA SOBRE LA LEY”.  Esto significa que QUIEN SEA que viole la ley debe ser tratado igual.  Los funcionarios gubernamentales no son la excepción.

 
La ACLU -American Civil Liberties Union- (en español Unión Americana de Libertades Civiles) y el periódico NEW YORK TIMES tomaron acción legal para obligar a Funcionarios de Inmigración a divulgar información acerca de las muertes de inmigrantes en custodia pendientes de deportación.   Documentos y registros oficiales revelaron que desde 2003 ha habido al menos 107 de estas muertes.   Anteriormente, el fallecimiento de inmigrantes en las cárceles migratorias no era contabilizado ni se identificaba a las víctimas.  Esto es ultrajante e imposible de justificar.

 
Reporteros periodísticos y abogados de ACLU que revisaron los registros y archivos del gobierno indican que es claro que los funcionarios gubernamentales actuaron para evitar investigaciones externas.  Un reporte del New York Times dice que “los documentos muestran como los funcionarios, algunos todavía en posiciones claves, usaron su posición como supervisores para encubrir evidencia de maltrato (de inmigrantes), desviar el escudriñamiento de los noticieros de la prensa o preparar declaraciones públicas de no-culpabilidad después de reunir hechos que señalaban cuidados inadecuados o abusos”.  Reportaron un caso en el cual empleados médicos de la cárcel falsificaron un reporte médico para indicar que le habían dado Motrín a un inmigrante Latino.  De hecho, el inmigrante había muerto antes de la fecha en que se reportó que le habían dado Motrín.

 
Además, la investigación revela que funcionarios de inmigración desarrollaron ciertas tácticas y procedimientos  engañosos para evitar el descubrimiento y divulgación de su mala conducta.  Estos funcionarios discutieron privadamente enviar a inmigrantes moribundos de regreso a sus países de origen o entregarlos a sus familiares en este país para evitar el costo de proveerles tratamiento médico.  Esto es particularmente ofensivo dado que la enfermedad y las lesiones fueron contraídas estando en las cárceles de inmigración.  Limitaciones de espacio no me permiten revelar los detalles repugnantes de muchísimas más muertes trágicas, innecesarias e injustificadas en las manos de empleados y funcionarios gubernamentales.  Una de estas muertes incluyó a un barbero de 62 años de edad que vino a este país en 1972 y había sido residente permanente por 33 años.  Fue arrestado por funcionarios de inmigración por una condena de 1979 por una ofensa de agresión menor y robo menor.  Era diabético y tenía alta presión sanguínea. Murió mientras permanecía en la cárcel de inmigración.

 
Los detalles de cada una de estas muertes deben ser investigados exhaustivamente. Es importante notar que la ley Civil dispone “Justa Compensación” por la muerte causada por la negligencia de otra persona. Ciertas conductas obligan a los empleados y al gobierno a compensar a las víctimas pagando fuertes cantidades de dinero en casos de fallecimiento. Y, muchos de los actos impropios también pueden constituir crímenes. NADIE ESTA SOBRE LA LEY.  
 
JESS J. ARAUJO, ABOGADO